En las últimas décadas se había avanzado espectacularmente en las reducciones de la desigualdad, en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y en el acceso de las mujeres al empleo (*). Y todo ello con avances continuados en la productividad. De todo ello hemos sido testigos privilegiados los Inspectores de Trabajo. Sin embargo, como siempre es más fácil destruir que avanzar, al amparo de la crisis se han cambiado las reglas de juego. La reforma laboral de 2012 ha sido decisiva. El diálogo social ha dado paso a la imposición, la articulación de la negociación colectiva ha sido desplazada por el ataque a los convenios colectivos de mínimos, la negociación en el seno de la empresa sobre la base de la flexiseguridad se ha sustituido por la modificación unilateral de las condiciones de trabajo sin causa suficiente.
El objetivo, no declarado pero real, de la reforma, se ha conseguido plenamente: la devaluación interna ha sido de proporciones inéditas, permitiendo un trasvase forzado de rentas de los asalariados a los detentadores del capital. Hasta el extremo de que se ha ido la mano, de modo que el principal problema de nuestra economía productiva hoy son los bajos salarios. No sólo han empeorado las condiciones de vida de muchos trabajadores y ha avanzado la desigualdad: los bajos salarios son la verdadera causa de la puesta en cuestión del sistema de seguridad social.
El segundo efecto ha sido un grave aumento del fraude empresarial. Medidas como la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial han permitido la proliferación de trabajo y salario no declarados, al prolongarse frecuentemente las jornadas pactadas a voluntad del empresario sin posibilidad de control de la Inspección. La posibilidad de negociación de convenios colectivos de empresa sin respetar los mínimos de ámbito superior ha conducido en muchos sectores a la confección de convenios a la carta, siempre bajo mínimos e incluso con representación fraudulenta de los trabajadores.
La degradación de las condiciones de trabajo y del poder colectivo de los trabajadores se une a las facilidades para el fraude a causa de la desaparición de instrumentos de control, hasta el punto de que en muchos casos da la sensación de que el mayor éxito de la reforma es la generalización de la idea de que todo está permitido en la mayor impunidad. A medida que nuestro trabajo se dificulta, las facilidades para el fraude se multiplican.
Así se manifiesta la huida del Derecho del Trabajo: de un lado, la desregulación, de otro, los obstáculos para el control de cumplimiento de las normas. Ejemplo paradigmático es la proliferación consentida y alentada de los falsos autónomos. Es razonable que se fomente el desarrollo empresarial y que se ayude a quienes quieran emprender una actividad económica. Pero no confundir a cualquier trabajador autónomo con una manifestación de creación de empleo. La realidad es que una parte muy importante de los trabajadores autónomos no lo hacen por libre elección. Lo hacen forzados, en las condiciones de un trabajador por cuenta ajena, pero expulsados de la protección del derecho por empresas que externalizan fraudulentamente toda responsabilidad: cotizaciones sociales, obligaciones preventivas o salario y jornada regulados por convenio colectivo.
Mientras tanto, el poder público –y la mayoría de la opinión también- no parecen darse por aludidos. Al contrario, fomenta la paulatina sustitución del Derecho del Trabajo por el derecho del empleo. El cambio de denominación del Ministerio del ramo no es inocente: el objeto del poder público es permitir que exista empleo a cualquier precio y en cualquier condición. La razón de ser del Ministerio de Trabajo ya no es la propuesta de las mejoras en las condiciones de trabajo y el control de cumplimiento de la legalidad laboral. Lo de menos es en qué condiciones se trabaja, con tal de que las estadísticas sean favorables y ocultando que el aumento del empleo obedece sobre todo a razones de coyuntura económica.
El problema es que, cuando se entiende que el derecho de los trabajadores a prestar su trabajo en condiciones dignas y libres de abusos constituye un obstáculo, no estamos construyendo precisamente una sociedad libre y democrática. Se revela, contrariamente, como el camino de regreso a las condiciones de vida y a las relaciones sociales de hace un siglo, afortunadamente superadas, pero hoy parece que modernas. Retornar al papel moderador del Estado, reivindicar el aliento civilizador del Derecho del Trabajo, es imprescindible para defender el último bastión de la democracia al que se refería hace poco Javier Marías en su artículo dedicado a Europa, asaltada por los insolidarios y retrógrados de todo jaez.
(*) Artículo de opinión de Juan Ignacio María y Fermín Yébenes, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y miembros del Secretariado Permanente de UPIT. Publicado en el diario El País el 27/04/2018.