En 2015, el año de mayor crecimiento económico en la crisis (3,1% de media anual), los contratos de hasta siete días aumentaron a tasas récords. Según datos del Ministerio de Empleo, se realizaron casi 4,6 millones bajo esta modalidad. Se trata del 24,7% de los 18,6 millones de los contratos totales. En número, representan tres veces más que la contratación indefinida, que llegó a 1,5 millones en ese año. Es decir, uno de cada cuatro contratos tuvo una duración inferior a la semana mientras que, en el otro extremo, ni siquiera uno de cada 10 (0,7) fue indefinido.
Por si fuera poco, cuatro de cada 10 de estos contratos de hasta siete días se formularon a tiempo parcial (por unas horas). Se trata de 1,8 millones, 237.000 más (14,3%) que en 2014. Lo que significa que ha aumentado la precariedad laboral, que el empleo que surge se está repartiendo entre varias personas pese a la atenuación salarial y que, a pesar del crecimiento de la economía y de la actividad, muchas empresas tienen dudas sobre la salida de la crisis. Optan por la modalidad más precaria en la contratación pese a las subvenciones a la indefinida. A ello contribuye el modelo de crecimiento en el que los servicios (hostelería y comercio) sigue representando casi el 70% del PIB y del empleo.
La precariedad se ha instalado ya que, de esos 18,6 millones de contratos que se realizaron en 2015, más de siete millones (casi el 38%), 700.000 más que hace un año, tienen una duración inferior al mes.
En todo caso, la contratación inferior a la semana se convirtió en 2015 en la estrella del mercado laboral. Respecto al año anterior, se hicieron casi 600.000 contratos más. Hace ocho años, cuando comenzó la crisis y la economía crecía a un ritmo similar al actual, esta modalidad representaba el 15% del total de los contrato, 10 puntos menos que ahora. En 2007 se hicieron 2,8 millones, la mitad que ahora.
Nunca se había llegado a esa cifra de 4,6 millones y sigue la progresión. Por ejemplo, en diciembre se aceleró un 20% respecto al mismo mes del año anterior. Se registraron 415.738 contratos frente a los 345.046 de hace un año (casi 71.000 más). Por tanto, en este mes los contratos de hasta siete días representaron ya el 26,1% de la contratación total.
La novedad es que ya no afecta sólo a los colectivos con menos formación o más jóvenes sino a todos los estratos laborales. Por ejemplo, un tercio de estos contratos realizados en diciembre (unos 141.000) fueron para trabajadores mayores de 40 años, es decir, con cargas familiares. El 12% (unos 47.000) se ha formalizado en personas de más de 50 años. Además, cada vez tiene menos que ver los estudios o la formación académica.
Por ejemplo, un 13% de estas contrataciones se dirigieron a personas con estudios postsecundarios (universitarios). De esta forma, y como consecuencia de que muchos licenciados son contratados como camareros y administrativos o en el comercio, sale que casi el 38% de estos los contratos (155.000) se realizaron en restaurantes y 50.000 en actividades administrativas.
Por tanto, es el sector de servicios quien copa la mayor parte de esta contratación (82%) mientras que el 12% está en la industria, el 5% en la agricultura y sólo el 1% en la industria. Es curioso este último dato ya que el tipo de contrato más habitual hasta una semana que se hace es el denominado eventual por circunstancias de la producción (74%). Pero, se ha generalizado y no tiene causalidad alguna. Es decir, debería servir para que la industria, sobre todo la manufacturera, lo utilizara en picos de demanda de pedidos. Sin embargo, es el contrato más usado en los servicios y sobre todo por horas.
Según Fermín Yébenes, portavoz del sindicato progresista de los Inspectores de Trabajo (UPIT), se está produciendo un grave problema con el empleo a tiempo parcial en todas las modalidades porque «no hay un control mecánico de las horas que hacen los trabajadores ya que no existen relojes de control en las empresas, aunque muchas tienen tarjetas de acceso que no ponen a disposición de la inspección». «Estamos atados de pies y manos y no podemos controlar nada, hemos pedido que se regule la instalación de relojes, pero ni este Gobierno ni el anterior lo han querido legislar», añade.
[Artículo de Francisco Núñez publicado en El Mundo el 23/01/2016].