La proliferación de obreros con bajos salarios amenaza la economía del valle del Guadalquivir.
Trabajan de sol a sol hasta cargar 22.000 kilos de naranjas en un camión, duermen en almacenes por los que pagan 100 euros por persona al mes, son trasladados en autobuses a cualquier punto y cobran 25 euros por diez horas de labor al día cuando el convenio establece un mínimo de 42,83 euros cada jornada de seis horas y media. La proliferación de cuadrillas de estos trabajadores, compuestas por una veintena de personas cada una, ha roto la economía del valle del Guadalquivir, una zona que agrupa 30.000 hectáreas de cítricos y que se ha convertido en un polvorín social y laboral.
El alcalde de Palma del Río (Córdoba), el socialista José Antonio Ruiz, lleva esta semana a Bruselas esta situación después de 31 escritos de alerta a todas las Administraciones sin respuesta y ante la ineficacia de los sistemas de inspección, que no consiguen que los trabajadores afectados denuncien el fraude. La economía de la zona se hunde.
Antonio Moya es un jornalero cordobés con tres hijos. La última quincena de la temporada de cosecha consiguió trabajar cuatro días con salario de convenio y recibió 171 euros, unos ingresos con los que es imposible pagar la casa, el agua, la luz y la comida. “Se pasa mucha necesidad”, afirma indignado.
La causa de su situación es esa proliferación de plantillas de trabajadores foráneos que viven de forma itinerante de campo en campo y dispuestos a trabajar diez horas por 25 euros. “Los he visto faenar con la luz de los tractores”, añade su compañero de tajo Antonio Ruiz.
La patronal agraria Asaja no permite estas prácticas, que atribuye a empresarios “piratas”, pero la realidad es que el 60% de los propietarios no está asociado y vende las cosechas en el árbol y se desentiende del resto del proceso. A través de una empresa de trabajo temporal o en el mercado negro laboral, compañías comercializadoras se hacen cargo de la cosecha, traen a sus cuadrillas ambulantes, recogen y se van.
Los jornaleros cogen los frutos y los “alicatan”, los dejan perfectamente empaquetados en cajas y listos para su distribución. El camión parte en ese momento con 22.000 kilos de frutas y los temporeros duermen hacinados en almacenes o en pisos compartidos para continuar el trabajo en cuanto salga el sol. El Ayuntamiento ha abierto hasta 42 expedientes en la última campaña por hacinamiento de temporeros, pero la multa, en el raro caso de que prospere, es insignificante frente al beneficio. El dueño del local llega a cobrar 1.800 euros al mes por el suelo y el techo que alquila.
La manipulación de la fruta directamente en el campo ha conseguido ya el cierre de dos almacenes de la comarca donde se envasaban las naranjas y los que sobreviven calculan que han perdido un 40% del negocio, con la consiguiente supresión de puestos de trabajo, que afecta sobre todo a las mujeres, según confirman el alcalde y Jesús Alcaraiz, secretario técnico de la asociación empresarial citrícola Palmanaranja.
Con la cosecha que parte directamente del árbol a los comercios de otras zonas y la mano de obra ambulante, la economía del valle se hunde. Los jornaleros locales han perdido poder adquisitivo y los comercios y las industrias asociadas dejan de obtener los ingresos los mínimos para sobrevivir. Además, los temporeros y sus familias han comenzado a manifestarse y a señalar e increpar públicamente a los manijeros (capataces de las cuadrillas) y propietarios, creando un clima laboral y social cercano al estallido.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía resaltan que el plan de inspección específico previsto para este año se eleva a 2.000 visitas, pero reconocen que la dispersión de las explotaciones y la falta de denuncia de los afectados, que declaran cobrar según convenio ante los inspectores y la Guardia Civil, hacen muy difícil la erradicación de esta práctica. La falta de colaboración de los jornaleros se debe a que prefieren trabajar por 25 euros a no trabajar o a que solo buscan que se les acredite la peonada que les dará posteriormente acceso al subsidio agrario, una prestación similar al paro.
[Reportaje de Raúl Limón, publicado por el diario El País en edición de 2 de abril de 2016].