El pasado 7 de febrero, Fermín Yébenes fue invitado por la Asamblea de Madrid a una comparecencia al objeto de informar sobre la situación actual del modelo de relaciones laborales, contratación, seguridad social y economía irregular y prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid y sus propuestas de mejora (por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea).
En dicha comparecencia, Yébenes tuvo ocasión de poner de manifiesto los grandes problemas a los que se enfrentan los inspectores y subinspectores en su labor diaria de investigación en las empresas. Uno de los primeros problemas que tienen los inspectores es que no tienen “los instrumentos legales precisos” para obligar a las empresas a tener un registro de la jornada que realiza el empleado. Esto da lugar a la proliferación del fraude. Trabajadores que son contratados para cuatro horas y acaban haciendo “por encima de las ocho horas diarias, 12 o 14”. Por lo tanto, en muchos casos, los inspectores se encuentran que “la única prueba existente es la palabra del empresario contra la de los trabajadores denunciantes”. “Es un fraude enorme a las arcas del Estado, a la Seguridad Social y a Hacienda”, dijo Yébenes en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Otra queja de los inspectores es que la reforma laboral de 2012 que, entre otras cosas, da prioridad a la aplicación de los convenios de empresa frente a los del sector, recogida en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, ha permitido a muchos empleadores bajar drásticamente los salarios y las condiciones laborales cambiando la representación sindical. “Empresas que tienen más de 300 trabajadores han fomentado unas elecciones sindicales con aproximadamente 7 de los 300 trabajadores. Entre esos empleados han elegido a un delegado cercano al empresario”. En estas condiciones, el consiguiente convenio de empresa ha recogido una retribución equivalente al Salario Mínimo Interprofesional, de 736 euros mensuales este año. Incluso, los inspectores se muestran «asombrados» al descubrir que hacen estas prácticas en la negociación colectiva algunas empresas contratadas “por todas las administraciones”. Es decir, por el Gobierno y las comunidades autónomas, “de un color político u otro”.
En muchos casos, los inspectores han hecho informes para la Fiscalía por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, que están tipificados en el artículo 311 del Código Penal. Es más, en su informe ante la Asamblea de Madrid la citada asociación de inspectores asegura que no conoce “ningún caso” en el que dar prioridad al convenio de empresa “haya favorecido a alguna compañía para salir de una situación de crisis, mediante negociación con un comité de empresa, no con un delegado”.
Otra queja de los inspectores de Trabajo es que “es ingente el número de horas extraordinarias que se están haciendo en España, a pesar del elevado número de desempleados”. El 16,6% de la población activa, 3,7 millones de personas. Muchos trabajadores superan el límite de las 80 horas extraordinarias anuales. Frente a esta situación, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo se encuentra con que las sanciones son muy bajas. Desde los 626 euros a los 6.250 euros. El problema está en que ese es el techo de la sanción máxima, cualquiera que sea el número de trabajadores de una empresa que ha superado el límite legal de las horas extraordinarias. Por todas estas razones, los inspectores reclaman al poder legislativo “una reforma legislativa en profundidad que bien aumente las penas o bien actúe de una manera mucho más eficaz a como viene ocurriendo hasta ahora”. Las denuncias también se extienden a la utilización masiva de los contratos de formación para jóvenes “en oficios que no requieren un aprendizaje especial, que se aprenden al segundo día”. Por ejemplo, camareras de piso, camareros, o limpiadores, entre otros oficios. La lucha contra el fraude también necesita de un nueva reforma para favorecer la creación de empleo y los ingresos.
