La Ley obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a reservar una cuota del 2% para personas con discapacidad o a aplicar medidas alternativas, pero no hay un registro oficial sobre su cumplimiento.
Solo el 25,7% de los discapacitados en España tuvo un puesto de trabajo en 2014. A pesar de que la ley contempla la obligación de las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores a cumplir una cuota de reserva de al menos el 2% para trabajadores discapacitados, la integración de este segmento de la población está lejos de ser una realidad. No existe un registro o estadística oficial sobre el cumplimiento que las empresas españolas hacen de la ley, según indican desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), constituido por organizaciones estatales de discapacitados. No obstante, la secretaria de la Comisión de Empleo y Formación de esta plataforma, Pepa Torres, apunta que el grado de cumplimiento no llegaría al 2%, de acuerdo a una serie de estudios y la experiencia del CERMI.
En este sentido, Enrique Martín, adjunto a la Secretaría de Protección Social de Comisiones Obreras, constata que el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva «es muy bajo» y que tampoco son muy usadas las medidas alternativas a la contratación que también contempla la ley. De forma excepcional, las empresas pueden quedar exentas de la obligación si aplican estas medidas, que en la práctica se traducen en donaciones a asociaciones o fundaciones declaradas de interés general dedicadas al empleo y formación de personas con discapacidad, o en adquisiciones de productos y servicios a centros especiales de empleo o a autónomos con discapacidad. Según Torres, la excepcionalidad suele darse por la situación económica de la empresa o porque no encuentra el perfil que requiere el puesto que necesitan cubrir. En cualquier caso, tampoco hay datos oficiales sobre cuántas empresas se decantan por estas opciones.
La realidad es que en 2014 solo trabajaron 343.300 personas con discapacidad de las 506.700 activas. Y esta cifra no representa ni la mitad del total de personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), que ascendió a 1.335.100 personas en 2014, según el informe ‘El empleo de las personas con discapacidad’ del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de empleo fue del 25,7%, más de 32 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad, mientras que la de paro, con 163.400 desempleados, superó en casi ocho puntos a la de la población sin discapacidad (32,2% frente a 24,4%).
Inspecciones de trabajo y sanciones.
De lo que sí hay datos oficiales es de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de integración de trabajadores con discapacidad. Según indicaron a El Confidencial fuentes del ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2015 se realizaron 3.245 actuaciones que arrojaron un total de 177 infracciones, que afectaron a 4.056 trabajadores. Estas acciones han conllevado una propuesta de sanción de 296.488 euros. Además, entre 2012 y 2015 se llevaron a cabo 13.961 actuaciones de comprobación y se detectaron 744 infracciones. Como consecuencia de los 2.615 requerimientos efectuados, las empresas contrataron a 8.923 trabajadores con discapacidad.
En 2014 había 506.700 personas con discapacidad activas, y esta cifra no representa ni la mitad del total de discapacitados en edad de trabajar
En opinión de Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, se trata de un número de actuaciones «significativo» que sirve para que las empresas «tomen conciencia» de la obligación de cumplir la ley, aunque confirma que en la mayoría de los casos no lo hacen. Las sanciones a las que se enfrentan por ello pueden oscilar entre 626 euros y 6.250 en función de los agravantes. Sin embargo, lo habitual es aplicar el mínimo, una multa que para la secretaria de la Comisión de Empleo y Formación del CERMI es «bastante baja». En esto coincide con Enrique Martín, quien considera que sería necesaria una estructura de sanciones que dificulte saltarse la ley. «Incumplir la norma sale barato», subraya.
Ante esta situación, Torres señala que hay que revisar toda la normativa para fomentar la participación del colectivo en el mercado laboral y recuerda que la cuota de reserva en España es muy baja en comparación con otros países de la Unión Europea, donde puede alcanzar el 4% e incluso el 6% y afectar a empresas de menor tamaño. Además, incide en la necesidad de sensibilizar y acabar con un grave problema inicial: el desconocimiento de la ley por parte de los empresarios.
Sin embargo, si las empresas quieren trabajar con la Administración Pública, esa no será una excusa. El pasado mes de octubre, se publicó la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que estipula la prohibición de contratar a empresas que incumplan la cuota del 2%, aunque esta medida no se aplicará hasta que no tenga un desarrollo reglamentario. Esta modificación supone dar respuesta a una reivindicación clásica del colectivo y para Torres, a pesar de que «tardará un tiempo» en desarrollarse, va a ser «un incentivo» para que se cumpla la cuota.
«En la calle hay gente que no son empresarios y se sorprenden cuando saben que soy invidente y les digo que estoy trabajando», afirma Martínez.
Falta de concienciación social.
«Las personas con discapacidad enfrentan una situación de discriminación cuando salen al mercado laboral. Todavía hay bastantes empresas que tienen prejuicios a la hora de contratar y ni siquiera piensan en la posibilidad de hacerlo», afirma David Martínez, periodista invidente de 25 años que lleva tres años trabajando. A su juicio, los empresarios tienen miedo de que estos trabajadores tengan más absentismo, cuando «hay estudios que demuestran lo contrario». «Como te cuesta más tener un puesto de trabajo, lo cuidas más», destaca.
Para Martínez, aparte de las medidas legislativas, que «son necesarias», la principal asignatura pendiente es apostar por la sensibilización no solo de las empresas sino de la sociedad en su conjunto. «En la calle hay gente que no son empresarios y se sorprenden cuando saben que soy invidente y les digo que estoy trabajando», relata. Martínez considera que tiene que llegar el día en que la gente no se sorprenda cuando haya trabajadores discapacitados en una empresa, «sino que lo que llame la atención para mal sea el hecho de que en una empresa con cierto número de trabajadores no haya discapacitados». «La gente tendrá que pensar que en esa empresa hay algo que no se está haciendo bien», concluye.
[Reportaje de Rebeca Fernández publicado en El Confidencial el 30/01/2016].
Buenos días.
Soy minusválido y tengo una discapacidad de un 65% permanente. Actualmente trabajo en un Centro Especial de Empleo. Me obligan a trabajar de noche y no me pagan nocturnidad. Además me lo hicieron firmar en el contrato pues en caso contrario no me daban el trabajo.